Para el magistrado interviniente, las constancias de la causa ponen de manifiesto que la libertad de los imputados haría peligrar la investigación.
El juez Federal Alejandro Sánchez Freytes denegó el beneficio de excarcelación solicitado en favor de los imputados Roberto Rudminsky, Patricia Rudminsky, Berta Fanny Barinboim, Elizabeth Angeletti y Juan Pietri, imputados como supuestos autores de los delitos de contrabando agravado por el número de personas intervinientes.
A su turno, los letrados Benjamín Sonzini Astudillo y Álvaro Ganame, argumentaron que sus asistidos siempre tuvieron a disposición tanto de la autoridad administrativa como judicial y que no realizaron acto alguno de entorpecimiento en la investigación.
Además, recordaron que ninguno registra antecedentes penales y que, por ello, no representarían, en libertad, riesgo para los fines del proceso.
Tras recordar que las únicas causales que autorizan el encarcelamiento preventivo son, en concreto, el riesgo de fuga y el de entorpecimiento de las investigaciones, el magistrado resaltó que, conforme la escala penal establecida en abstracto para el delito atribuido a los encartados -un mínimo de 4 años de prisión-, en caso de recaer condena no sería de ejecución condicional.
“En este caso en particular, el pronóstico punitivo hipotético impone una limitación al interés individual en la presencia del encarcelamiento preventivo para asegurar la regular y efectiva persecución penal”, afirmó.
Por otra parte, expresó que las circunstancias que rodean los eventos a investigar, hasta la fecha, resultan “irregulares”, toda vez que las constancias documentadas agregadas a la causa exteriorizan, a priori, una manipulación de la prueba o un entorpecimiento de la investigación, valorando que se patentizaba la peligrosidad procesal requerida para mantenerlos privados de su libertad.
Detenciones
Cabe recordar que a principios de mes la titular de Julia Saúl, Patricia Rudminsky, y el resto de los encartados fueron detenidos bajo la sospecha de contrabandear artículos electrónicos por dos millones de dólares.

Tras varios allanamientos en locales y domicilios particulares se produjeron las detenciones.
La investigación llevada a cabo por la Aduana de Córdoba, el Fisco y la Fiscalía Federal Nº 2 comenzó cuando se detectaron “inconsistencias documentales” en un comercio de productos informáticos.

Por su parte, la Afip dio a conocer que la organización tenía base en la ciudad de Córdoba, con participación de personas en Buenos Aires y en Miami, EEUU.
Entre otras maniobras, se denunció la utilización de facturas apócrifas, la simulación de operaciones bursátiles, la constitución de empresas fantasmas y sociedades integradas por indigentes y la falsificación de sellos para burlar controles.

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